La Asociación Nacional de Algodón de China emitió una declaración el 2 de agosto rechazando las acusaciones estadounidenses. "Las alegadas afirmaciones de Estados Unidos sobre 'trabajo forzado' carecen completamente de fundamento fáctico y legal", señaló la asociación, según reportó la agencia de noticias China News Service el 3 de agosto.
La asociación enfatizó que "la proporción de cosecha mecanizada del algodón de Xinjiang ya ha superado el 90%, y todo el proceso industrial —desde el cultivo, la cosecha, el procesamiento hasta la confección— ha logrado un alto grado de automatización e industrialización a gran escala". Añadió que "la afirmación estadounidense de que existe trabajo forzado en Xinjiang no se ajusta a la realidad".
Además, la asociación subrayó que "los derechos e intereses de los agricultores y trabajadores industriales algodoneros están protegidos estrictamente conforme a la legislación china, y la libertad de elección de empleo es completamente libre".
La organización también criticó que "Estados Unidos presume culpabilidad de empresas chinas ignorando hechos objetivos" y aseveró que "la esencia de esta medida es politizar e instrumentalizar cuestiones de derechos humanos para frenar el desarrollo de la industria algodonera y textil de China".
Por otra parte, la asociación manifestó confianza: "La industria algodonera china tiene la seguridad y capacidad suficientes para responder adecuadamente a la presión estadounidense. China posee las cadenas de suministro industriales más completas del mundo, un mercado interno masivo y mercados externos cada vez más diversificados".
El gobierno estadounidense anunció el 31 de julio, a través de su sitio web oficial, la adición de 43 empresas chinas a la lista de control de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA, por sus siglas en inglés). Con esta medida, el total de empresas chinas incluidas en las sanciones de la UFLPA ascendió a 187. Las empresas afectadas operan en sectores como oro, algodón, confección y alimentos congelados, cuyos productos tendrán prohibida su importación a Estados Unidos a partir del 3 de agosto.
En respuesta, el Ministerio de Comercio de China emitió una declaración el 1 de agosto criticando que "la imposición continua y unilateral de sanciones contra empresas chinas bajo el pretexto de derechos humanos y trabajo forzado constituye un acto típico de coerción económica". El ministerio reafirmó su posición de que "no existe ningún tipo de trabajo forzado en Xinjiang" e instó a Estados Unidos a "cesar la difamación contra Xinjiang y el acoso injustificado contra empresas chinas".
El Ministerio de Comercio también indicó que "tomará las medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de las empresas chinas".
* Este artículo ha sido traducido por IA.
